Sevilla Directo

Llega el nuevo año y, a la vista de lo visto -más que hacer balance de todo lo acontecido con el consiguiente rechinar de dientes- el cuerpo y la sensatez pide ponerse a pensar en futuro y considerar los retos que plantea el ámbito de las llamadas “políticas de consumo”, tan trascendentes a la hora de avanzar en la ansiada recuperación económica como ninguneadas en las preocupaciones de la alta “Política” (con mayúsculas), donde todo es déficit y prima de riesgo.

Probablemente, lo fácil sería empezar por cuestionarse la importancia de estas políticas, en un momento en el que una buena parte de la sociedad ha reducido su gasto al mínimo, acuciada por el desempleo, y otra buena parte lo ha hecho por la merma de sus ingresos y el miedo al preocupante horizonte por venir. Pero la realidad es que, más que nunca, es necesario avanzar en un escenario que garantice el equilibrio en las relaciones de mercado, ofrezca seguridad a las partes y evite y castigue con contundencia las actuaciones contrarias al marco jurídico. Y ello es porque, si hay algo imprescindible para volver a crecer, eso es la confianza de todos los agentes.

Y en ese nuevo escenario, al que llegamos lastrados por los problemas dramáticos que suponen los grandes fraudes financieros, la tragedia de los desahucios, la imposibilidad de acceso al crédito, el encarecimiento de los suministros básicos y el acceso a la Justicia, o la imprevisible privatización de los servicios públicos esenciales, se hace necesario también analizar las estructuras y herramientas a disposición de la sociedad de consumo.

Y seguramente, haya que hacerlo sin el menor pudor, analizando la eficiencia de cada euro empleado en las llamadas “políticas de consumo”, tradicional “maría” de gobiernos de todo signo, que han navegado a golpe de circunstancias con tan variopintos cambios de rumbo como cambios de legislatura se han vivido. Sin pudor a la hora de afrontar si el actual esquema de representatividad sustentado –salvo alguna honrosa excepción en mente de todos- en organizaciones endogámicas camino de transmutarse en “zombies” mendicantes de dineros públicos, convertidas en fines en sí mismos y auténticas trituradoras de subvenciones en programas de dudosa eficacia, es sostenible.

Sin pudor a la hora de valorar si un sistema de participación al que nadie hace puñetero caso y tan costoso como el Consejo de los Consumidores y similares, es un modelo de futuro o una reliquia del pasado. Sin pudor a la hora de apostar, de manera explícita y contundente, por los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos públicos o privados, capaces de impartir justicia y equidad donde la Justicia ordinaria se ha hecho tan cara que ya no compensa el esfuerzo.

El traje actual nos ha permitido llegar hasta donde estamos en Andalucía, lo cual no es poca cosa, pero presenta un notable desgaste tan evidente que requiere de algo más que una revisión de los mecanismos de participación o financiación de las estructuras institucionalizadas, tan útiles para la foto de turno como intrascendentes para los problemas reales de la ciudadanía.

Ello debe llevarnos a un análisis objetivo de los medios que la sociedad requiere para ese mejor funcionamiento del mercado, que pasan por redefinir los canales para la formación y la información de la ciudadanía (el canal Consumo Responde es un buen ejemplo de utilidad y pragmatismo eficiente) evitando duplicidades y solapamientos en el esfuerzo presupuestario, unos mecanismos de inspección administrativa del mercado eficaces y un tejido de instrumentos extrajudiciales de resolución de conflictos ágiles, cualificados, accesibles y complementados por compromisos de autorregulación profesional y empresarial en el marco de la leal competencia.

En definitiva, a estas alturas, en la que el mercado de bienes y servicios cada vez va a contar menos con la asistencia paternalista de la administración pública, se hace perentorio pararse a pensar, con los recursos disponibles, en un nuevo marco de relaciones en el que las parcelas y competencias queden bien delimitadas y en las que la ciudadanía encuentre una asistencia profesional cualificada, exenta de dogmatismos, y que sirva para resolver sus problemas reales.

Se hace necesario, por tanto, un traje nuevo, probablemente un “mono de trabajo”, con menos galas y más sólidas entretelas, confeccionado a partir del consenso y la concertación entre los agentes auténticamente representativos, y asistido por los profesionales de los sectores públicos y privados que serán los que tengan que bajar al albero a lidiar con los astifinos que la ganadería de la crisis nos ha asignado en el lote.

José Carlos Cutiño Riaño
Secretario
IurexCon