A vueltas con la plusvalía
25/07/2018

No cesan en estas semanas las consultas de atribulados contribuyentes a cuenta de la siempre temida, denostada e incomprendida “plusvalía”, nombre coloquial por el que se conoce al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (ó IIVTNU, en su terrorífico e impronunciable acrónimo).

Las últimas resoluciones judiciales han ido sembrado la confusión en las propias administraciones fiscales municipales, con que imagínense en los sufridos contribuyentes que, sea inter-vivos, sea mortis-causa (lagarto, lagarto), han tenido que retratarse dolorosamente en los últimos años.

Todo viene de una sentencia del Tribunal Constitucional que venía a decir algo bastante obvio: que un impuesto que grava el supuesto beneficio teórico obtenido en la transmisión de un inmueble, por el incremento del valor del suelo, no debería devengarse si el bien se ha devaluado. Algo de Catón, en un sistema tributario que se debe regir por el constitucional principio de capacidad económica del contribuyente. Verbigratia: si se ha perdido valor en la transmisión –por obra y gracia del estallido de la burbuja inmobiliaria, fundamentalmente- cómo narices vamos a pagar por un incremento de valor.

Pues tal obviedad no estaba contemplada en nuestro ordenamiento, de modo que, aún dejándose un pico en la venta de la finca, había que salar la dolorosa llaga con la preceptiva “multa” de la tributación de marras. Algo bastante demencial y digno de nuestro muchas veces surrealista entramado fiscal.

Pues esto es lo que venía a decir el Tribunal que interpreta nuestra Carta Magna, en una sentencia de mayo de 2017, y consecuencia de ello, declaraba inconstitucional el precepto de la Ley de Haciendas Locales (artículo 107) donde se regulaba la fórmula de cálculo de ese incremento de forma teórica y en base al valor catastral, que no baja nunca, castigando sistemáticamente al desafortunado sujeto pasivo, dos veces lastimado en su bolsillo.

Esta sentencia debía dejar claro que, quién estuviera en trance de declarar y pagar el impuesto, podría eximirse en todos los casos en que no existiera ese beneficio, siendo el valor de transmisión inferior al de adquisición y siempre que pudiera acreditarse. Esta era la parte sencilla.

Pero lo que también podía deducirse de dicha sentencia es que si el precepto que establecía la forma de cálculo era nulo, debería entenderse que lo era para todos los casos en que se aplicara dicho precepto, hubiera incremento (beneficio) o no.

Esto llevó a algunos juzgados de lo contencioso a anular liquidaciones en transmisiones con beneficio por la nulidad de dicho artículo, y a los propios ayuntamientos a suspender la emisión y cobro de liquidaciones en todos los casos, ante la eventualidad de tener que devolverlas con intereses, dejando a los administrados en un limbo jurídico-fiscal… y a las arcas locales un poco más tiesas de lo habitual.

Pues bien, ahora ha sido el Supremo quién ha intervenido para decir que el precepto de la Ley de Haciendas Locales debe entenderse nulo, pero solo en la medida en que se aplique a situaciones en las que la venta se haya producido sin beneficio sobre el valor de adquisición. Es decir, el precepto es nulo en función del caso al que se aplique, lo cual no deja de ser un bonito artificio jurídico para salvar el trasero a las cuentas municipales mientras los políticos se ponen de acuerdo en dar una nueva redacción al precepto de marras.

La forzada interpretación he dejado fastidiados a todos aquellos que, ante impuestos liquidados en los últimos cuatro años, se imaginaban reclamando la restitución de lo pagado con sus intereses legales. Otra cosa son los que puedan acreditar las pérdidas, que tienen la puerta más abierta que nunca a reclamar el reintegro de los ingresos indebidos no prescritos.

Y mientras tanto, en espera la nueva redacción del puñetero artículo…

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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