Abusos baratos
08/11/2017

Se ha conocido esta semana una interesante y trascendente sentencia del Tribunal Supremo, al pronunciarse en un recurso en interés de ley incoado por la Junta de Andalucía contra una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La cosa, en román paladino, es la siguiente: en su día, la Junta de Andalucía, como administración competente en la protección de los consumidores y usuarios en nuestra Comunidad Autónoma, resolvió sancionar a Unicaja Banco por cuatro infracciones muy graves al incorporar a sus contratos de préstamo hipotecario cláusulas abusivas gravemente lesivas para los derechos de los prestatarios.

Esta iniciativa, que supuso un aparentemente importante aldabonazo en la lucha contra las malas prácticas de las entidades financieras, fue contundentemente contestado por la antigua caja malagueña, que en un recurso contencioso administrativo interpuesto ante el mentado tribunal autonómico obtuvo una sentencia muy favorable para sus intereses. Según dicha sentencia, la potestad para declarar si las cláusulas de un contrato de adhesión impuesto por cualquier mercantil son abusivas, corresponde a los tribunales de la jurisdicción civil, y, por tanto, la administración no sería nadie para prejuzgar al respecto.

Esto quiere decir que, solo en el caso de que un órgano judicial hubiera declarado una determinada cláusula como abusiva con carácter firme, instando su inscripción en el registro existente al efecto, podría esa administración sancionar su uso por cualquier empresa.

Esto suponía una grave limitación para las autoridades competentes en materia de consumo a la hora de fiscalizar la actuación de los grandes proveedores de bienes y servicios del mercado, contraviniendo el marco jurídico comunitario, que no establece la necesidad de ese previo filtro judicial para que se pueda ejercer la potestad sancionadora contra quienes agreden los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios. En suma, ataba de pies y manos a los servicios de inspección y sanción de la junta a la hora de ejercer las funciones públicas que tiene atribuidas.

El alto tribunal ha desmontado la tesis del TSJA para establecer que la Administración Pública competente puede sancionar por el uso de las cláusulas que considere abusivas por lesivas contra la ciudadanía, y que esto no implica una vulneración de la tutela judicial efectiva para las mercantiles sancionadas. Y ello porque esas empresas –en nuestro caso, la entidad financiera sancionada- pueden recurrir la sanción en vía contencioso administrativa, pudiendo entonces los tribunales decidir si las cláusulas por las que se le sancionan son abusivas o no.

Esto supone un importante empujón a la labor de las autoridades administrativas competentes en materia de consumo, que se encuentran con una herramienta coercitiva importantísima para luchar contra los excesos tan frecuentes en determinados sectores, tales como el financiero.

Esta es la parte interesante de la noticia.

La parte menos gratificante es la que alude a que la sanción por la que recurría Unicaja, impuesta por esas cuatro infracciones muy graves, ascendía a la irrisoria cuantía de ochenta y un mil euros… y claro, cuando uno piensa en el daño que tal castigo puede infligir a la entidad financiera, le entra la risa floja, que siempre es mejor que una intensa amargura por ver lo barato que sale abusar del personal en Españistán.

Cierto es que las cuantías de las sanciones están limitadas por el marco jurídico, que no pueden establecerse discrecionalmente y que –con posterioridad- se han podido ver notablemente incrementadas. Pero lo cierto es que, ni equiparando esa cuantía al posible beneficio ilícitamente obtenido con la infracción, tendrían éstas una eficacia coercitiva real. Es decir, si lo máximo que arriesgas es el beneficio que vas a obtener con el abuso… ¿qué te impide hacerlo?, ¿la inexistente moral bancaria?, ¿el Derecho Natural?, ¿la convicción de que “to er mundo é güeno?…

La realidad es que, mientras que las sanciones no se eleven al duplo de ese beneficio, arriesgando al menos tanto como prevés sacar de la sinvergonzonería, la función preventiva de las mismas será mínima. Por ello, el reto, ahora que el Supremo ha dotado de este poderoso instrumento a la Administración que debe velar por el interés general, es que sirva para algo…

Y eso lo tienen que decidir los políticos… aissssnnnnnn.

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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