Broma judicial
07/02/2018

Desde el debido respeto y con la venia de sus señorías, que –sin duda- están, junto al personal de las sedes judiciales, tan indignados como un servidor, mis mandantes y cualquiera con una mínima noción de lo que debe ser el Estado de Derecho… lo que me acontece esta semana es una broma de mal gusto en honorable sede jurisdiccional.

Les cuento… allende la primavera de 2015, y por encomienda de un desafortunado cliente capaz de llegar al mejor lugar en el peor momento, tuve que asumir la tarea propia de mi profesión, consistente en interponer demanda de jucio ordinario por nulidad de cláusula suelo en virtud de su falta de transparencia, todo ello de conformidad con la vigente y consolidada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.

Era que por entonces, la competencia para conocer de dichas causas era la de los juzgados de lo mercantil, juzgados provinciales notablemente colapsados por las secuelas sangrantes de la crisis económica sobre la liquidez y solvencia de las empresas españolas. Pero es que a los numerosos procesos judiciales derivados del holocausto concursal se les sumaba la segunda oleada de consumidores españoles que, tras la sentencia del Alto Tribunal de 9 de mayo de 2013, se habían lanzado a demandar a una banca que seguía haciendo el Don Tancredo y mirando para otro lado.

Bien, pues dicha demanda pareció perderse en múltiples vericuetos y montañas de expedientes apilados que, cual celulósicas estalagmitas, crecerían por los rincones de las dependencias de dicho juzgado, siendo que para la primavera de 2017 –“solo” dos años después- resucitó de entre los muertos (vivientes) para efectuar el necesario apoderamiento a procurador por el cliente. Dicho cliente, no es que se hubiera olvidado del tema, sino que más bien había dado por perdida cualquier esperanza de encontrar solución en esta vida a sus cuitas, y casi hubo que recordarle su pleito, que probablemente presumía desintegrado en una trituradora de papel.

Nada más lejos de la realidad, pues la rueda de la Justicia no solo no se paró sino que siguió su tediosa pero inexorable marcha, con el preceptivo trámite de trasladar demanda al demandado para, contestada la misma, proceder a fijar fecha para la necesaria audiencia previa. Y hete aquí que a principios de 2018 recibimos la buena nueva de que –salvo suspensión o aplazamiento por motivos de fuerza mayor- dicha audiencia previa se verificará en el mes de marzo de ¡¡¡2021!!!

Aún no he consultado la agenda, pero a tres años vista me conformaría con llegar vivo y en forma física, psíquica y química, que –para entonces- los cincuenta –que aún no tengo- no los volveré a cumplir y serán un lejano recuerdo de añorada juventud perdida en pasillos de los juzgados.

Teniendo en cuenta que, salvo nuevo bandazo para los procedimientos de aplicación, lo más probable y prudente será que los jueces determinen haber lugar a las innecesarias pruebas que en tropel pretenden los bancos: interrogatorios de los clientes, testificales de empleados, apoderados y hasta notarios, y demás. Esto supone que habrá que fijar nueva para vista, lo cual –a fuer de proyectar las disponibilidades actuales-, podrá emplazarse en torno a los dos años desde la fecha de la anterior…

Total, en torno a siete años para la primera instancia no se les quita a nadie… y luego, la entidad financiera, presumiblemente derrotada con costas, planteará recurso de apelación ante la audiencia provincial, que para eso existe la tutela judicial efectiva. Esto supondrá unos dos años de propina, durante los cuales puede que la familia afectada tenga que seguir pagando la malhadada cláusula con su doloroso impacto en las cuotas del préstamo.

La cuestión es esa: siete años para una audiencia previa, dos años más para un recurso y media vida empleada en conseguir un pronunciamiento reiterativo de lo que todo el mundo ya sabe…que sin transparencia hay abuso, y que las mismas condiciones y circunstancias se han reiterado hasta la saciedad, para que el mundo siga y el abuso persista ante la impotencia de unas estructuras judiciales infradotadas para lo que se les ha venido encima.

Y, ojo, los culpables no están en los juzgados, donde se trabaja a destajo con una carga de asuntos intolerable, ni en los operadores jurídicos que hacen su trabajo, sino en quienes desde la esfera política y administrativa se han inhibido para permitir que circunstancias como estas se conviertan en las mejores aliadas para los intereses del sector financiero… y esos no visten toga.

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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