Causas de la pobreza energética
08/11/2015

Nos acercamos al momento que más temen quiénes viviendo en la pobreza, sufren la pobreza energética. Viene el frío y un 17% de los hogares andaluces van a sufrir las consecuencias. De ello hemos hablado esta semana en la Jornada de Pobreza Energética organizada por el Aula de Ingeniería Comprometida.

La pobreza energética es una de las caras de la pobreza, por tanto, está asociada a la carencia de recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas, tales como calentarse cuando hace frío o defenderse del calor excesivo, calentar los alimentos y el agua e iluminar nuestros hogares. Pero no afecta a todos los que sufren la pobreza por igual y afecta además a un conjunto más amplio de población que no vive en situación de pobreza pero sin embargo tiene dificultades serias para aclimatar sus viviendas. Se puede señalar que hogares con bajos ingresos (y bajos consumos energéticos), con miembros menores a su cargo y con inestabilidad laboral de sus sustentadores, son los más vulnerables ante este problema, según las conclusiones del Informe sobre la Pobreza Energética en España, elaborado en 2014 por Economics for Energy. Pero junto con estas características es preciso considerar las de las viviendas que habitan. La arquitectura construida entre los años cuarenta y los ochenta es ineficiente energéticamente y eso implica un consumo desproporcionado de energía que dispara las facturas. Por tanto contribuye decisivamente a generar pobreza energética.

Por pobreza energética podemos entender la incapacidad de un hogar de hacer frente al coste de sus necesidades energéticas básicas. Estas necesidades son relativas ya que es preciso tomar como referencia el contexto socioeconómico y cultural de cada país. En el mundo hay 1.300 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y 2.600 millones que carecen de cocinas eficientes y saludables. En Europa el concepto nace relacionado fundamentalmente a la incapacidad que tienen muchos hogares para calentarse en invierno. En Andalucía junto a esta dificultad no podemos obviar la de aclimatar nuestras casas en medio de las olas de calor que nos asolan. Las alarmas sociales han saltado cuando la crisis financiera ha traído consigo pérdida de empleo y las reformas laborales precariedad. Y con ello ha aparecido la dificultad para pagar las facturas de la electricidad y del gas, y los temidos y odiosos cortes de suministro.

En el Reino Unido, el estado con mayor tradición de lucha contra la pobreza energética, la definen como: “la situación en la que se halla un hogar que tiene que dedicar más del 10% de sus ingresos a alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda”. Estos niveles, según la OMS se corresponden con una temperatura 21 grados en la habitación principal y 18 grados en las demás habitaciones. Esta definición ha sido actualizada, y hoy consideran que los hogares están en situación de pobreza energética si sus ingresos totales están por debajo de un umbral determinado (60% de la mediana de ingresos de la población) y sus gastos energéticos están por encima de la mediana de gasto del conjunto de la población. En Andalucía y España en general, en la definición debería aparecer además la dificultad para mantener la temperatura interior de las viviendas a 26 grados, o en cualquier caso, por debajo de 28 grados, que ya dificulta la conciliación del sueño y por tanto del descanso nocturno y recuperación de nuestro organismo. En las olas de calor, las familias en pobreza energética soportan temperaturas de hasta 34 grados.

El primer diagnóstico de la pobreza energética en España lo hizo en 2010 la asociación de Ciencias Ambientales y puso sobre la mesa que siete millones de personas sufren este problema y que se estiman en 7.000 las muertes al año asociadas a la misma. El reciente estudio de Economics for Energy, con un riguroso planteamiento metodológico, llega a conclusiones similares. La pobreza energética afecta a entre un 9-18% de los hogares, según el método de cálculo que usemos para su determinación. Esto significa que un mínimo de 1.799.311 hogares y 6.264.432 personas sufren sus consecuencias. Pero pueden ser hasta el doble.

Hay algo de lo que prácticamente no se habla y que es preciso saber. La burbuja inmobiliaria fue acompañada en España de una burbuja energética, mucho menos visible pero no menos real. Las inversiones que hicieron las eléctricas en previsión de los desarrollos urbanísticos que acompañaron a la primera, les hicieron sobredimensionar la capacidad de producción de energía en España. Se pusieron en marcha centrales nuevas para atender la demanda de energía de los millones de viviendas que no se llegaron a construir o se quedaron vacías. El resultado es que tenemos las centrales de ciclo combinado funcionando sólo al 10% de su capacidad. Ello ha tenido un efecto directo sobre la subida del precio de la electricidad en España que ha representado un incremento de un 76% en la factura entre 2007-2014.

La pobreza energética es producto de tres factores principales: una baja renta familiar, una baja eficiencia energética de la vivienda y un impacto elevado del coste de la energía en el presupuesto familiar. A estos factores se añade un componente de naturaleza cultural: la pérdida saberes populares relacionados con el ahorro de la energía, con aprovechar el sol para calentar la casa en invierno y protegerse de él en verano, así como de hábitos de ahorro. Nuestras casas y nuestras mentes están preparadas para una energía disponible en abundancia y barata, algo que es una excepción en la historia de la humanidad. Si a esto añadimos la dificultad para interpretar los recibos de la electricidad y de acceder a información sobre las posibilidades de reducir su coste optimizando la potencia contratada, usando tarifas con discriminación horaria, y no digamos mediante medidas de autoconsumo, completamos el cuadro de problemas sobre los que podemos actuar.

Las políticas de lucha contra la pobreza energética en España no sólo son insuficientes en comparación con la dimensión del problema y con las medidas que nuestros socios europeos vienen aplicando. Además están mal enfocadas. En la segunda parte de este artículo analizaremos ejemplos de buenas prácticas y propondremos medidas a aplicar en nuestro entorno  que implican a los tres niveles de la administración: es clave cambiar la orientación de la política energética a nivel estatal y tenemos que aprovechar al máximo las posibilidades del marco andaluz y municipal para atajar de raíz un problema que es de salud y de justicia social. No podemos permanecer impasibles cuando por esta causa se dispara la mortalidad de las personas más vulnerables tanto en invierno como en verano.

Esteban de Manuel Jerez, profesor titular de la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla y coportavoz de Equo Sevilla.

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