Dientes, Dientes…
04/07/2018

Otra vez las clínicas dentales, tipo franquicia low cost, son noticia negativa y un tremendo quebradero de cabeza para varios miles de consumidores atrapados en las redes de unos servicios –quizás- aparentemente tan baratos, que –según dicen los expertos- difícilmente podían salir bien a tales precios y en tales condiciones. Y es que lo barato suele salir caro.

IDental ha sido la última en sumarse a una cruda lista que ya adornaban otras, tristemente célebres, como Funnydent, Vitaldent o la conocida Corporacion Dermoestética (que también incluía entre sus servicios los odontológicos). Y al igual que las anteriores, ha dejado en la estacada a numerosos pacientes –se habla de varios miles en la provincia- que, tras haber abonado los servicios, o estando obligados a ello por contratos financieros de préstamo, no van a recibir los servicios pagados, o incluso van a quedar con las secuelas de intervenciones de baja calidad.

Hay que empezar diciendo que nadie da duros a cuatro pesetas y que los precios a los que pretendían competir este tipo de cadenas o franquicias probablemente no dieran para mucho más, y las abocaba a una defunción segura. Desde hace años, los propios profesionales serios de la odontología vienen advirtiendo de que estos centros seguirán cerrando, fruto de unos precios que no se corresponden con el coste real de un servicio de calidad, y de una agresiva forma de captación de clientela que solo puede estar abocada al fracaso, con lo que ello comporta cuando hablamos de actuaciones que inciden sobre la salud de las personas.

De hecho, un alto porcentaje de las reclamaciones que reciben los colegios de odontólogos por prácticas profesionales negligentes se dirigen contra personal que desarrollan su actividad en estas clínicas, lo cual es bastante sintomático –como poco- de una forma de trabajar bajo condiciones poco recomendables.

El problema para los afectados no es pequeño, ya que muchos de ellos han abonado los servicios que no van a recibir y otros se han endeudado para pagarlos. Seguramente sean éstos últimos los que van a contar con cierto respaldo, ya que al tratarse de contratos de préstamo al consumo de los denominados “vinculados”, están ligados a la suerte de los servicios cuyo coste financian, de forma que no pueden seguir cobrándose si dichos servicios no se prestan y el usuario así lo reclama. No obstante, esto requiere de un trámite extrajudicial, y a veces incluso de recurrir a la Justicia para hacer valer tales derechos.

Los que han pagado en efectivo o mediante una financiación no vinculada lo van a tener complicado porque lo habitual es que estas empresas acaben en concurso de acreedores, en los que la normativa vigente deja en mal lugar a los consumidores frente a otros acreedores privilegiados como los empleados, Hacienda o la Seguridad Social. O sea, que van a recuperar poco.

Pero, sin duda, los peor parados son los que al menoscabo económico deben unir las secuelas de una actuación negligente, de productos –tales como implantes- de baja calidad, o de actuaciones incompletas llenas de molestias que afectan, y afectarán durante un tiempo, a su calidad de vida.

Parece mentira que, después de la experiencia histórica, no se hayan articulado medidas que garanticen una mejor protección de los afectados en este tipo de conflictos, teniendo en cuenta que suelen ser –además- usuarios de menor nivel adquisitivo los que acuden al reclamo de este tipo de cadenas o franquicias, quizás como única forma asequible de solucionar sus problemas dentales sin hipotecarse para unos cuantos años.

Y también parece que no por reiterada esta situación, se hayan previsto fórmulas para que los pagos a cuenta de estos tratamientos queden garantizados de algún modo, ni se hayan reforzado los controles por las administraciones sanitarias para vigilar malas prácticas que -visto lo visto- están a la orden del día.

Ante estas circunstancias, se hace perentorio que se prevean mecanismos que obliguen a asegurar las responsabilidades civiles de los prestadores de este tipo de servicios, no solo ante posibles prácticas negligentes propias o del personal a su cargo, sino también ante posibles incumplimientos económicos de los compromisos asumidos frente a los pacientes.

Ya van unas cuantas, ¿esperaremos otras cuantas más…?

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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