El derecho al agua
16/05/2018

Fue el 28 de julio de 2010, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Resolución 64/292, reconoció expresamente el derecho al agua y al saneamiento, determinando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Pues bien, ocho años después, se ha anunciado que el Parlamento de Andalucía legislará el “derecho al agua”, entendido como ese derecho a un mínimo vital del líquido elemento, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Así fue anunciado la pasada semana por la presidenta, Susana Díaz, manifestando que la Junta promoverá esta medida para que queden garantizadas las necesidades básicas del consumo doméstico de todas las familias andaluzas, y especialmente de aquellas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

La cuestión no es baladí, ni sencilla de articular. Evidentemente, cualquiera con un mínimo de sensibilidad social -y más en una comunidad con la pobreza y el desempleo rampante de Andalucía- debe valorar de forma muy positiva que política y jurídicamente se asegure el acceso a un consumo tan esencial como el agua de cualquier persona en Andalucía. La pobreza hídrica, junto con la energética, han sido dos de los factores más dramáticos de la cruel crisis que nos ha azotado desde 2007 y cuyos coletazos aún laceran la sociedad andaluza. Pensar en viviendas sin agua corriente, con niños, ancianos o personas discapacitadas en las mismas, repele aún más.

Sin embargo, la concreción práctica de este derecho, que se cifra en cien litros de agua por persona y día, no va a ser tan sencilla, ya que son múltiples los factores que obstaculizan su implementación en el terreno de la realidad. Desde el hecho de que casi la mitad de los suministros en nuestra comunidad se miden a través de contadores colectivos o comunitarios que impiden su individualización, hasta la certeza de que esto lo tiene que pagar alguien. Y aquí debe entrar a jugar un principio de fiscalidad distributiva -pagar conforme a lo que se tiene- que raramente funciona todo lo bien que debería para no causar agravios comparativos.

La idea en sí es magnífica: que nadie pueda quedarse sin este suministro básico por una situación de incapacidad económica. Pero inmediatamente surgen también las dudas: ¿dónde deben establecerse los límites de renta para beneficiarse de estas garantías?, ¿quién puede fiscalizar la realidad de los requisitos económicos para evitar la inevitable picaresca?, ¿cómo se armoniza el sistema para evitar diferencias y agravios comparativos entre municipios?… Por que esa es otra, uno de los grandes inconvenientes de nuestra sistema de suministro domiciliario de agua es su fragmentación reguladora: son los ayuntamientos los competentes para su prestación y para la fijación de las condiciones económicas del suministro mediante sus propias ordenanzas locales.

Esta particularidad hace que, a día de hoy, las condiciones en las que acceden los andaluces al servicio sean tan variadas como los más de setecientos municipios de nuestra comunidad: formas de prestación (directa, empresa pública, concesional, etc.) absolutamente diferentes, tramos de consumo distintos, precios absolutamente dispares para cada tramo, condiciones divergentes ante posibles incidencias tales como fugas ocultas, beneficios y ayudas sociales de lo más heterogéneos…

Quiero decir que para hacer efectivo este necesario y vital derecho, es conveniente que comencemos por una armonización de lo más básico, apurando las competencias regulatorias de la administración autonómica hasta el límite de lo permitido por la autonomía local. Hay que tener en cuenta que la concesión de los suministros de agua ha supuesto para muchos ayuntamientos un salvavidas financiero por el que muchos venderían su alma al diablo, pero es no quita para que -cuando menos- se establezcan unas reglas comunes. Cuestiones tan básicas como qué debe considerarse un consumo de subsistencia, qué es un consumo razonable y qué supone un uso suntuario o despilfarrador a la hora de penalizar con tarifas en función de los tramos de gasto, cuestiones como el tratamiento de las situaciones de necesidad acreditadas o de precios aplicables a las fugas no detectadas. Cuestiones que determinen que no existan ciudadanos de primera o de segunda en este terreno, y que deberían abordarse en el nuevo Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en ciernes.

Porque si se ha considerado que el derecho al agua es un derecho básico y esencial de todo ser humano, no es por capricho…

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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