Fisura de Seguridad Judicial
02/08/2017

La reciente publicación de la existencia de una fisura de privacidad en el sistema Lexnet, utilizado para la gestión digitalizada de los cientos de miles de causas judiciales tramitadas en los juzgados de nuestro país, ha puesto de manifiesto -una vez más- la fragilidad extrema de los sistemas informáticos en cuanto a la seguridad de las plataformas digitales de cualquier índole. Pero también más cosas…

Estamos hablando de la plataforma en la que se almacenan todo tipo de demandas, contestaciones, documentos probatorios, testimonios, requerimientos, oficios y sentencias que revelan los conflictos y miserias más crudas de la ciudadanía patria. Todo un arsenal de información hipersensible en la que se acumulan las vergüenzas más íntimas de cualquier españolito/a que de uno u otro modo se haya visto involucrado en un procedimiento judicial de cualquier índole.

Pues nada menos que todo eso, parece ser que ha estado accesible, no se sabe para quién ni hasta dónde, ni desde cuándo ni hasta qué extremo, para cualquiera con capacidad de acceder a la citada plataforma, facilitando -incluso- la descarga de los documentos incorporados a los expedientes. Un escenario terrorífico para cualquiera con responsabilidad sobre la custodia de tales datos y los propios titulares de los mismos, directos perjudicados por su eventual filtración.

Esta situación, además, provocó una parada técnica del sistema en un momento crítico del año -justo antes del 1 de agosto y las consiguientes vacaciones judiciales- durante más de 48 horas, necesarias para resolver esa quiebra de seguridad, afectando a muchas comunicaciones pendientes y generando una crisis de estrés traumático en muchos compañeros abogados y procuradores en fechas prevacacionales, solo tratable con mucho valium y cafinitrina. Oficialmente, el problema debió quedar resuelto en las últimas horas del domingo 29, en que se reactivó la plataforma.

La cuestión, en este momento, no es solo cómo se palia el susto metido en el cuerpo de los operadores jurídicos implicados, con graves responsabilidades sobre la custodia de los datos que han permanecido expuestos durante un tiempo y con un alcance aún indeterminado, sino cómo se recupera la credibilidad del sistema y como se está invirtiendo en el desarrollo de la necesaria modernización de la gestión judicial española.

Lexnet -o una herramienta análoga- no es solo necesaria, sino imprescindible para la Justicia del futuro, que tiene que superar los tiempos del papel acumulado en los pasillos de unos juzgados absolutamente impresentables, pese al esfuerzo constante de un funcionariado habitualmente superado y saturado por la acumulación de causas y la ausencia de recursos y medios técnicos y humanos. Los tiempos de los legajos amarillentos y los papeles de bordes doblados y mugrientos debieron pasar a mejor vida conforme la era digital implantaba el soporte informático como el modo habitual y racional de archivar la información, pero la realidad es que la Justicia ha sido de los últimos estamentos en los que se ha acometido una reforma drástica para la implantación de los sistemas telemáticos y digitales en la gestión de la información… y ahora nos encontramos estas situaciones incomprensibles e inadmisibles por más que un hacker pueda reventar cualquier sistema.

La realidad es que todo está -como en todo- en función de los recursos aplicados, y parece que a los políticos parece darle cierta grima en nutrir de medios a unos órganos judiciales esenciales y básicos para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Basta darse un paseo por numerosas sedes judiciales y compararlas con las de cualquier consejería del ejecutivo para comprobar los agravios comparativos sobre el nivel de inversión en unos y otros organismos públicos. Hagan la prueba…

Desgraciadamente, la Justicia suele ir a la cola de la inversión necesaria para garantizar su operatividad y eficacia. Baste el ejemplo de la soñada y utópica Ciudad de la Justicia de Sevilla para valorar la celeridad política a la hora de acometer los esfuerzos necesarios para dotarla de los medios imprescindibles para cumplir esa función fundamental de garantizar la protección jurídica de la ciudadanía. Y si no, pensemos en esos juzgados específicos creados sin apenas estructuras para enterrar en el tiempo las miles de demandas contra los abusos hipotecarios de las entidades financieras.

Cada decisión política refleja el desinterés, cuando no el desprecio por el tercer poder, el Judicial, aquél que cierra el que debiera ser el círculo perfecto que equilibrara nuestro sistema político para garantizar justicia y equidad a quienes no pueden esperarla de las decisiones políticas y administrativas.

¿Por qué será…?

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


*