Las dudas del Supremo
07/03/2018

No parece que sean buenos tiempos para esperar que el más alto Tribunal de nuestro orden jurisdiccional respalde los intereses de los consumidores y usuarios españoles. La última sentencia, en la que establece que serán los prestatarios quienes deban asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de los préstamos hipotecarios, ha sido un nuevo aldabonazo en la sucesión de decisiones en la que se viene mostrando un excesivo proteccionismo hacia las entidades financieras.

Cierto es que que el Tribunal Supremo debe aplicar el marco normativo vigente, lo que significa que no inventa las leyes, solo las interpreta. Y eso, aunque las leyes dejen amplio margen para que su aplicación aporte cierto nivel de equilibrio y justicia social, no deja de ser un factor limitante. Pero también es cierto que –en ese margen interpretativo- podría mostrar una mayor sensibilidad hacia la parte más frágil del mercado.

La sucesión de decisiones contrarias al operador más vulnerable es digna de análisis, ya que algunas de ellas no solo no han sido pacíficas –motivando proféticos votos particulares como los del lúcido magistrado Fco. Javier Orduña-, sino que han sido posteriormente tumbadas con estrépito por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Recapitulando, hay que recordar varios hitos: el reconocimiento de la licitud ab initio de la cláusula suelo, la limitación a la retroactividad de los efectos de la falta de transparencia, la defensa de la claridad del índice de referencia hipotecario conocido como IRPH, y ahora el tema de los gastos hipotecarios.

De hecho, viene siendo habitual la práctica de dar una de cal y otra de arena, siendo que la de arena tapa la de cal, y si no lo hace del todo es por la avaricia de los bancos que apuran hasta el último céntimo. Así, cuando el Supremo planteaba la falta de transparencia de la cláusula suelo, lo hacía blindando su legalidad y sin admitir devolución alguna con anterioridad a su sentencia, exigiendo posteriormente estudiar cada proceso de negociación hipotecaria alargando innecesariamente los procedimientos judiciales. Igualmente, cuando ha reconocido la abusividad de la repercusión de los gastos hipotecarios al prestatario, lo ha terminado haciendo irrelevante al excluir el mayor de esos gastos (casi dos tercios del total).

En definitiva, se ha creado la apariencia de una preocupación social cuando en realidad la letra pequeña de sus resoluciones han dejado al consumidor en una situación aún más compleja que antes. Incluso cuando los afectados han sido pequeños empresarios y autónomos se han visto poco favorecidos por el Tribunal, como ha acontecido también con la cláusula suelo, negándoseles la aplicación del elemental principio de transparencia en la contratación, con voto en contra del ya mentado Orduña.

En este último caso de los gastos, la cosa es tan simple como que se hace poco menos que antieconómico plantear una demanda judicial, como no sea con la expectativa de ganar con costas, algo que tampoco es improbable visto el empecinamiento de las entidades financieras por litigar hasta el final incluso aquello que de antemano saben tener perdido. La razón es bien simple: los únicos gastos cuya percepción parece tener garantizada el consumidor son los notariales (excluido el 50% del coste de la matriz de la escritura y la copia del prestatario) y los registrales. En principio, los gastos de gestoría solo se suelen reconocer si dicha gestoría la impone el banco.

Los de tasación parecen poco factibles, ya que no se sustentan en la inscripción registral de la garantía bancaria sino en la evaluación de la garantía que presta el consumidor.

Esto quiere decir que, tratándose de una hipoteca media, la cuantía de los gastos litigables difícilmente llegarán a los mil euros.

Sin embargo, por solicitarse la nulidad de una condición general, nos encontramos con que es preceptiva la asistencia de abogado y procurador, lo que conllevará unos costes propios mínimos de 600 euros, pese al actual régimen de liberalización de los honorarios del letrado.

Esto quiere decir que, si no conseguimos que el juzgado condene en costas a la entidad financiera, puede ser que estemos peleando por doscientos euros. Y para conseguir la condena habrá que afinar muchísimo los conceptos y cantidades para que el juez de instancia coincida con nuestra valoración.

Con todo eso, ¿quién se mete en el fregado…?

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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