Lidiar con el Taxi
08/08/2018

Una vez más, el conflicto en el sector del taxi se cierra en falso en la expectativa de soluciones en las que nadie cree de verdad. Parece que la única razón cierta de la desconvocatoria de las movilizaciones de los taxistas obedecería más al escaso impacto de estas medidas entrado el mes de agosto, que a una confianza plena imposible en las medidas, prometidas por un gobierno que no está en condiciones de ofrecer mucho.

Como bien se han encargado de recordar los representantes del sector, el problema más grave no es el de la aplicación a futuro de unos cuotas suficientemente razonables para que convivan las diferentes fórmulas de prestación de estos servicios de transporte en el ámbito de las grandes urbes, sino en el statu quo actual tras una etapa de laguna legal que ha propiciado las ratios de hoy. Estas ratios están muy por encima de las demandadas por los taxistas y previstas por el ulterior marco regulatorio (1 VTC por cada 30 taxis), y su reconducción plantea importantes dudas jurídicas, lo que impide garantizar que haya soluciones en la mano del Gobierno a corto plazo. Al menos las que piden los operadores del taxi.

Así mismo, las soluciones que se plantean en materia de transferir competencias a las comunidades autónomas –opción del ejecutivo- o a los ayuntamientos –opción de los taxistas-, además de requerir un alto consenso parlamentario para aprobar una ley orgánica, no dejan de resultar perversas. Cuanto más se baja territorialmente el ámbito de decisión, más sensible se puede ser a las presiones de un sector que se ha mostrado tremendamente beligerante ante cualquier cuestión que afecte a sus expectativas. Que se lo pregunten a los ayuntamientos, absolutamente acongojados ante el peso de las acciones de las asociaciones sectoriales del taxi, convertidos en auténticas “madres” a la hora de lidiar con las, sin duda, legítimas –faltaría más- pretensiones del sector.

Formas al margen, no les falta razón a los taxistas, que ven como la competencia de los VTC está mermando su cuota de mercado y perjudicando el equilibrio económico de una explotación en la que el taxista autónomo de buena fe se harta de hacer horas para sacar un salario digno, que además permita obtener lo necesario para pagar la financiación de su licencia.

Sin duda, no puede haber reglas diferentes para quienes comparten un mismo nicho de mercado, porque estaríamos perjudicando injustificadamente a un colectivo que, además, aglutina a autónomos locales, frente a las grandes empresas y empresarios que acumulan cientos de licencias de vehículos de turismo con conductor. Estos servicios estaban pensados para otra cosa, no para solapar sus servicios con los del taxi, abundando en el conflicto que ya abrieron las aplicaciones de pseudo-economía-colaborativa, tipo Über.

El problema es que la solución es técnicamente complicada, y conllevaría mucho más que inventarse un segundo filtro administrativo que –más que probablemente- se va a estrellar en las instancias europeas, absolutamente volcadas con la liberalización/desregulación de lo que, antaño eran servicios públicos. A la larga o a la corta, para recuperar las ratios legales, habría que ir a un proceso de amortización de licencias VTC con dinero público –parecido a lo que se hace en Sevilla para amortizar licencias de taxi a través del Instituto Municipal-, previo establecimiento de un sistema de control de las transacciones de las mismas en condiciones de precio prefijadas administrativamente. Esto, además, cuando la titularidad de las mismas recae sobre empresas y no sobre personas físicas, se antoja poco práctico y nada realista.

La realidad es que da la sensación de que no se ha hecho otra cosa que dar una patadita hacia adelante en un conflicto que se reproducirá en septiembre, no más se intuya que las medidas previstas –además de jurídicamente discutibles- van a tener poca influencia en el mercado real. Lo que pase a partir de ahí, a la vista de los dolores de cabeza que han provocado las movilizaciones de finales de julio, va a provocar una jaqueca importante a la ciudadanía en su vida cotidiana.

Y mientras tanto seguiremos parcheando un marco de servicios que requiere una absoluta actualización para adecuarse a las nuevas demandas de los consumidores y a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información en el siglo XXI… Typical spanish…

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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