No nombrar Andalucía en vano
10/07/2017

Es un lugar común en las viejas ¿y nuevas? políticas, cuando pierdes una batalla te acercas al flanco por donde has perdido. Eso ocurre desde tiempo inmemoriales, desde las disputas entre señores feudales, pasando por todas las diversas disputas por el poder, ya sean democráticas o dictatoriales. Otros y otras lo hacen de manera diferente, en vez de acercarse al ganador o ganadora buscan otro clavo ardiendo a dónde agarrarse de manera que el hundimiento se retrase lo más posible o incluso se evite. Al fin y al cabo maniobras de supervivencia.

Pero en estas últimas semanas vengo observando cómo Susana Díaz ha puesto en marcha un proceso de “ruptura” en diferido que unida a una ambición desmedida, algo ya sabido y que no debe sorprender a nadie, quiere marcar un supuesto cambio en su punto de vista político, tanto dentro de su partido, como en su acción como presidenta de la Junta de Andalucía (que no de Andalucía).

En el primer espacio es una consecuencia lógica del varapalo sufrido en las primarias, “cuasi noqueada”, no ha tenido más remedio que representar que apoya al Secretario General, ya que el mensaje recibido es claro, más de la mitad de los afiliados al PSOE no están de acuerdo con lo que ella representa, la línea más conservadora del viejo PSOE; a regañadientes y con desplantes propios de su soberbia no ha tenido más remedio que tragarse varios sapos y sonreír maléficamente ante los cambios que viene impulsando, de manera suave, su rival interno.

De manera paralela y no alejada de los cambios que se ha visto obligada a aguantar en el interior del partido, Susana Díaz pretende usar a Andalucía como si fuera su escudo de izquierdista y exclusivamente para mejorar su imagen. Lo han comentado diversos analistas y no voy a entrar en detalles que son conocidos. Sabe positivamente que la maniobra de apropiación de Andalucía, que tan bien le salió a su partido a partir de 1977, tras el 4 de diciembre, es un buen ejemplo a seguir y se ha aferrado a la bandera como percha necesaria para evitar lo que es una posibilidad real, la caída definitiva de su hegemonía en Andalucía.

Pero dentro de esa maniobra ha incluido otra más que podríamos considerar más sutil y, sobre todo, de más recorrido. Me estoy refiriendo al manoseo interesado de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El primer paso fue aquel burdo intento de fastidiar a Antonio Maíllo, en particular y a IUCA, en general, cuando quiso nombrar como Comisionado de la Memoria Histórica a Diego Valderas; afortunadamente el sentido común ¿a golpes de presiones? lo abortó.

Pero ahora ha dado un paso mucho más difícil de enmendar y no por ello de menor importancia, ha anunciado que a partir del curso próximo la Memoria Histórica (no nombra el segundo apellido) se incluirá en el currículo escolar de todos los niveles. Vieja táctica política que se utiliza para lavar conciencias y malas prácticas. ¿Sabe la señora presidenta lo que significa esa incorporación? ¿Conoce qué nivel de saturación tiene el currículo escolar?, aunque a lo mejor sería una pregunta previa, ¿sabe la señora presidenta qué es el currículo escolar?, o por el contrario, ya que habla de oídas, no le importa retorcer a un sistema educativo con una nueva vuelta de tuerca, para distraer la atención del verdadero problema, que es el estado calamitoso del propio sistema, amenazado de derribo por sus propias políticas de recortes en todo los niveles.

Pero hay otra cuestión de más calado y quizá más importante; la Memoria Histórica y Democrática es algo demasiado serio como para que una dirigente política la manipule a su antojo, pero la manipulación política es también uno de los más importantes peligros que tiene el sistema educativo público. La señora presidenta, como muchos otros dirigentes del PSOE andaluz, que llevan más de 35 años dirigiendo la política educativa andaluza confundiendo escuela pública o escuela estatal. Lo público es lo que hay que mantener y mejorar, el acceso gratuito y universal a la educación desde los centros de titularidad pública primordialmente, es la garantía de la no discriminación, es la garantía de la atención a la diferencia, es la garantía del mejor servicio a la ciudadanía, es, en definitiva, una obligación de las instituciones con la mejora de la población con presupuestos públicos, pero, en ningún caso, es el espacio donde los intereses partidistas deban ser incluidos para mayor gloria y honor de los dirigentes. Una escuela pública debe ofrecer un espacio a la Memoria Histórica y Democrática, sin lugar a dudas, pero no se puede hacer al antojo de una dirigente política, porque para dar ese espacio hay que educar (no es un error) al propio sistema, hay que hacerlo de manera que sea asumido de manera seria y comprometida, anunciar su incorporación sin más, es tanto como envolverse en la bandera que más convenga, antes y ahora la de Andalucía y en este momento en la de la Memoria.

Miembro de la Coordinadora Nacional y responsable de Comunicación de Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA).
@jochimet

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