Otro “pokito” más
09/05/2018

Me acuerdo cuando mi ilustre capataz nos llamaba así, viendo que los cuerpos empezaban a acusar el paso de las horas y el peso de los kilos: amonos, miarma… otro poquito más… Y allá que íbamos, enderezando los cuerpos, sufriendo el trabajo y andando sobre los pies y sin descomponernos, como andan los pasos en Sevilla.

Pues como será la cosa que ahora solo se lo escucho -en mi imaginación- a mi compañía de telecos, que es como se llama ahora al pack móvil-fijo-internet sin el cual no sobrevive en sus cabales ningún mortal mínimamente sociable en este mundo.

Es la cantinela de todos los años… otro poquito más en la tarifa. Uno firma su contrato, en el que le exigen una permanencia mínima de uno a dos años, pero la compañía no asume nunca correlativo deber de mantenerte las condiciones de servicio y precio, ni siquiera durante el período de permanencia. Así, al cabo de pocos meses, te la encuentras diciéndote que de lo dicho, ná de ná… que te van a dar un par de gigones más de tránsito virtual y te van a cobrar tres, cuatro, cinco o seis eurillos más al mes… ¿qué más dará, si ellos te dan los servicios adicionales que tú no has pedido ni probablemente necesites? Y poquito a poco, otro poquito más, te vas dando cuenta de que en un par de años pagas un 15% más de lo que preveías pagar cuando optaste por esa oferta y no otra. Si esto no se parece a la publicidad engañosa y la competencia desleal, que venga quién me lo explique.

Pues ese atraco de libro, consistente en que tú te comprometes con ellos, contra viento y marea, pero ellos -los operadores- no asumen compromiso alguno contigo, está legalmente contemplado y permitido en nuestro ordenamiento. Así, el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, en su artículo 9, facilita que los operadores puedan prever en sus contratos la modificación unilateral de sus condiciones, exigiéndoles sólo que la notifiquen a sus clientes -usuarios finales- con una antelación mínima de un mes, informando expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna.

Para decirlo en claro: si el cliente decide irse antes de cumplir el período de permanencia pactado, pasa por caja, sí o sí, pagando penalización; si es la compañía la que decide dejar de cumplir lo pactado para imponer unas condiciones diferentes, no paga nada, y el cliente solo tiene la opción de irse sin pagar permanencia. Eso si, nadie le indemniza por las expectativas creadas a la firma del contrato ni por las consecuencias lesivas de haber optado por una compañía que le ha tomado el pelo.

Encima, la comunicación de esos cambios se suele hacer por medio de la propia factura, una factura que a la mayoría de usuarios ya ni les llega ni las leen, por mor de las facturas electrónicas que no solo les ahorran papel a los operadores, sino también disgustos, ya que sus clientes tardan lo suyo en coscarse de cualquier cambio abusivo de este tipo, resultando difícilmente viable la huida, la reclamación y hasta el pataleo, que dicen que la distancia es el olvido.

Pero es que, además, si decides marcharte a otra compañía ante el incumplimiento de la tuya, te puedes ver obligado a amortizar por anticipado el terminal telefónico comprado a plazos, perdiendo -además- la bonificación que te aplicaran por permanencia en contrato o tarifa, con lo que la bromita te puede salir por encima de los trescientos, cuatrocientos o quinientos euros, así que de irse al competidor -que además, te hará lo mismo a las primeras de cambio- nada de nada.

Esta es otra de las generosas patentes de corso que nuestro legislador le ofrece a los abusos de los grandes operadores del consumo, tomándonos por tontos a los consumidores -que, además, lo parecemos- y llenando sus arcas a costa de un mercado oligopolizado y cautivo, en el que campan a sus anchas con la connivencia y complicidad de administraciones, políticos y otros operadores económicos.

El problema es que esta práctica, con todos los visos de abusividad del mundo al no existir la más mínima reciprocidad de derechos y obligaciones, es difícilmente erradicable por cuanto a nadie compensa un pleito por algo que se reduce a una cuantía que apenas supera los cien euros al año y que -además- puede contar con el tancredismo de la Justicia de ojos vendados ante lo que el regulador ya permite.. por grosero que resulte a simple vista.

Así que toca tragar, otro pokito más, al menos hasta que alguna organización de consumidores opte por plantear una de esas demandas que solo ellas pueden interponer, para la defensa de los derechos colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

Y es que, con excesiva frecuencia, esos derechos se tornan difusos en extremo.

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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