Sanidad de Calidad
13/06/2018

Dicen que han sido unas cincuenta mil las personas que el pasado fin de semana se manifestaron en la capital de Andalucía reivindicando una sanidad pública de calidad.

La importante manifestación, liderada por la asociación Justicia por la Sanidad y aglutinante de las llamadas “mareas blancas”, recorrió el centro de Sevilla demandando –según su impulsor, el médico Spiriman- “una sanidad pública andaluza de calidad, la erradicación de la corrupción, la competencia profesional de los directivos sanitarios, la supresión de la libre designación de los cargos intermedios y de la unidades de gestión clínica, y el cese de todos los impulsores de las fusiones hospitalarias”. Además, se clamaba “por el dimensionamiento de las plantillas del personal sanitario, por el ajuste de las listas de espera y su control, por la equiparación de las prestaciones a toda la población y por la supresión de las subastas de medicamentos”.

Sin menoscabo de que haya aspectos que se comparten sin duda alguna y otros que serían más discutibles, resulta extraño que se mezclen al mismo nivel de exigencia popular cuestiones puramente profesionales y organizativas con una mínima expresión de lo que son las más básicas demandas ciudadanas. Esto genera dudas, sobre lo que pueden ser planteamientos que rozan el populismo demagógico para amparar reivindicaciones profesionales que, siendo sin duda lícitas, deberían buscar su apoyo en esos profesionales y no en los usuarios.

Esto no obsta para que haya que llamar la atención de los gestores de la sanidad pública en nuestra comunidad y, especialmente, de sus responsables políticos. Y eso porque no se trata solo de garantizar un sistema sanitario universal y gratuito con un nivel de prestaciones envidiable por la mayor parte del mundo. Se trata de que ese sistema funcione bien, de que opere como un reloj, con unos niveles de calidad excelentes que –además- garanticen la celeridad en la respuesta a las demandas asistenciales, diagnósticas y terapéuticas de ocho millones de andaluces. Y que se haga en unas condiciones de hostelería y comodidad acordes con lo que se espera de un país del primer mundo, o eso dicen… Pero, además, todo ello debe asegurarse bajo unos equilibrios financieros que garanticen su sostenibilidad en el tiempo en un momento de control exhaustivo del déficit y bajada de impuestos directos.

Esta ecuación siempre es compleja, porque sostenibilidad implica eficiencia, y ello supone que el sistema no debe dimensionarse en función de los picos de demanda, sino de su promedio, lo que supone que estará sometido a inevitables tensiones en esas épocas de mayores exigencias, lo que sería factible con una adecuada política que combinara elásticamente las estructuras de personal fijas con las discontinuas… pero esto tampoco gusta.

Realmente, la gestión del sistema sanitario público del que nos hemos dotado no deja de ser una especie de cuadratura del círculo, cuyas deficiencias dan alas a cualquiera con motivos, intenciones o intereses –o todo ello a la vez- por erosionar política y socialmente el sistema. Esto supone que, junto con las legítimas demandas de los usuarios por tener mejor asistencia, mejor respuesta y mejor atención, se unan demandas, que pueden ser igualmente legítimas pero que son de clase. Si a eso le unimos que siempre habrá intereses económicos de enorme envergadura en cuestionar el sistema sanitario público para vender seguros de salud privados en un mercado que –se estima- mueve más de diez mil millones de euros, es inevitable dudar y cuestionarse determinadas campañas.

Pero, a pesar de ello, hay algunas realidades incontestables a las que nuestros políticos, en Andalucía, en España y en Europa, tienen que dar respuesta. Una de ellas es el por qué Andalucía está a la cola del gasto sanitario por habitante, bastante por debajo de la media autonómica española… y si es porque la financiación andaluza es injusta, ahora tiene nuestro ejecutivo la oportunidad de pelearlo con un gobierno estatal del mismo color y una excelente Ministra de Hacienda que ha sido cocinera antes que fraile. Las demás son consecuencia de la anterior, y afectan a ratios de pacientes por médico de familia, saturación de servicios de urgencia, alargamiento de tiempos de espera para consultas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, hacinamientos de pacientes en habitaciones de tres camas y otras cuestiones que son las que de verdad importan a los usuarios.

Si además esto se garantiza en un entorno en el que los profesionales estén adecuadamente retribuidos y exigidos, y convenientemente seleccionados por competencia, y reconocidos en todos sus niveles profesionales, asistenciales y de gestión, no habremos convertido el círculo en cuadrado, aunque estaremos bastante más cerca y será más factible evitar cualquier manipulación profesional, económica o política de lo que más importa a la ciudadanía, que es la Salud.

José Carlos Cutiño
Abogado Experto en Consumo
@jccutino

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