TRIBUNALES | CASO DE LOS ERE

Chaves asegura desconocer cómo se daban las ayudas sociolaborales de la Junta

Agencias - 16/04/2018 13:30:58
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"Me cuesta creer que intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento -de concesión de ayudas- ilegal o para burlar la ley", ha señalado el expresidente de la Junta.

Manuel Chaves, el que fuera presidente de la Junta entre los años 1990 y 2009, ha asegurado este lunes que durante su etapa al frente del Gobierno andaluz conocía que la Junta concedía ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por la crisis pero “no cómo” se daban o su gestión, al tiempo que ha subrayado que cualquier ayuda que se otorgaba “estaba en la ley y eran legales”. “Difícilmente puedo pensar que en la Consejería de Empleo o de Educación se pudiera establecer un procedimiento –de concesión de ayudas– conscientemente ilegal o para vulnerar la ley”, ha manifestado.

La declaración del expresidente de la Junta como investigado en el llamado juicio de los ERE que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz ha comenzado minutos después de las 10.15 horas de este lunes, con Chaves respondiendo a preguntas del representante del Ministerio Fiscal Juan Enrique Egocheaga.

El expresidente de la Junta y doctor en Derecho, quien se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación por parte del Ministerio Fiscal, ha señalado que va a responder a las preguntas del representante de la Fiscalía, su defensa y el tribunal. Chaves ha apuntado que ha conocido en la causa las órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 sobre ayudas previas a la jubilación y extraordinarias a trabajadores firmadas por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán.

También ha explicado que, ante las importantes crisis de empresas como Delphi o Santana, el Gobierno andaluz trabajaba en dos líneas, salvar a la empresa y proteger a los trabajadores. Chaves ha admitido que se ha reunido con comités de empresas o sindicatos, estableciendo en éstas reuniones que se procediera a la creación de una mesa de negociación para llevar a cabo un plan industrial que podía contener ayudas sociolaborales.

Si el plan fallaba, según Chaves, “había normas” para establecer y conceder ayudas a los trabajadores. “Yo sabía que se daban ayudas sociolaborales, de la misma manera que se daban becas. ¿Cómo se daban?. No lo sabía, pues no correspondía a mi ámbito político de decisión”, ha expresado. “Cómo se hacía, los requisitos, las ayudas, los beneficiarios, etc. no los sabía”, ha añadido. De otro lado, ha señalado que las ayudas “extraordinarias”, cuya excepcionalidad se establecía en función de “la intensidad de la gravedad” de la crisis de la empresa, eran como las que daba el Gobierno.

Chaves ha indicado que conoció las transferencias de financiación –instrumento utilizado para allegar fondos de la partida 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para pagar las ayudas investigadas concedidas por la Dirección General de Trabajo–, siendo ministro y que éstas no se debatían en el Consejo de Gobierno de la Junta, que en la elaboración del presupuesto trabajaba con una media de 140 programas y miles de aplicaciones, por lo que no podía conocer todos los programas presupuestarios.

Precisamente sobre estos instrumentos de financiación, Chaves ha asegurado no saber si las transferencias de financiación eran o no adecuadas, aunque ha señalado que “están en la Ley”. Al hilo de esto, ha explicado que éstas se recogían en la Ley de Presupuestos de cada año que aprobaba el Parlamento.

“No conocía el programa 31L”

Chaves, al igual que el expresidente José Antonio Griñán en su declaración, ha admitido que no conocía el programa 31L, con el que pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, sólo que pertenecía a la Consejería de Empleo. Del mismo modo, tampoco conoció ni fue informado el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que la primera, vía transferencia de financiación, allegaba fondos al ente instrumental con cargo a la 31L para el pago de las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo.

El expresidente ha declarado que en el Consejo de Gobierno “no se discutieron nunca” las modificaciones presupuestarias, que sí pasaban a la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento, recordando a este respecto que desde la Cámara de Cuentas, en la cuenta general de la Junta, “no hubo nunca un reproche” a su uso.

Chaves ha explicado que su labor como presidente en la elaboración del presupuesto estaba centrada en dirigir el debate y sobre la globalidad del mismo, exponiendo al respecto el propio expresidente un folio con un cuadro en el que se recogían los capítulos, las consejerías y las cifras finales. “Programas, partidas y aplicaciones no eran conocidos por el Consejo de Gobierno”, ha aclarado.

Preguntado por las diferencias entre la fiscalización previa y el Control Financiero Permanente, el expresidente ha explicado que la fiscalización “no es de primera división” y el control “de segunda”, sino que “una es tan importante como la otra”. Sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno del Control Financiero Permanente, Chaves ha asegurado que aprobaban la propuesta de la Intervención General de la Junta, no recordando que se planteara nunca una modificación al respecto, señalando que nunca se leyó las memorias que se adjuntaban a la misma y en las que basaba la propuesta tras el análisis del ejercicio anterior.

Chaves también ha indicado que las ha leído con posterioridad, señalado que “no he visto síntoma de alerta o alarma” en éstas. “Nadie se oponía al acuerdo” sobre el Control Financiero Permanente, que era el “arma o instrumento” de la Intervención General para el control de las empresas públicas.

Asimismo ha manifestado que no conoce ni le dieron traslado del informe adicional de la Intervención General del año 2005 al informe de cumplimiento de 2003 sobre las cuentas del IFA, en el que se alertaba del uso “inadecuado” del procedimiento usado para el pago de las ayudas. Chaves, quien ha manifestado insistentemente que nunca ha despacho con ningún director general o delegado provincial, “sólo con consejeros”, ha declarado desconocer que desde la Consejería de Empleo se contratara los servicios de despachos de abogados externos para diferentes cuestiones relacionadas con las ayudas. “De haberlo conocido, me hubiera opuesto”, ha afirmado.

Chaves y Griñán, diferentes respuestas

Tras más de dos horas y medias de interrogatorio por parte del fiscal, Chaves ha respondido a las preguntas de su abogado, Pablo Jiménez de Parga, y del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, quien, al igual que a Griñán, le ha preguntado sobre las respuestas dadas en instrucción y en el juicio por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, por el conocimiento del Consejo de Gobierno y del presidente de la Junta del programa 31L a través de las modificaciones presupuestarias.

“El Consejo de Gobierno no conocía ni debatía las modificaciones presupuestarias ni las transferencias de financiación”, ha asegurado Chaves, a diferencia de lo que afirmó Griñán en su declaración, quien reconoció que este órgano “conoce que el crédito presupuestado transfiere fondos del 31L a IFA/IDEA, que paga las ayudas que previamente concede la Consejería de Empleo”, pero advirtió de que no “conocen la gestión del programa 31L”.

Tras Chaves, el último ex alto cargo en declarar este martes será Juan Francisco Sánchez García, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo, de Innovación y exdirector de finanzas de IDEA.

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