CIERRE CLÍNICAS IDENTAL

Varios informes instaban al cierre cautelar de las clínicas de iDental en Sevilla en 2017

Agencias - 11/07/2018 17:05:12
Foto: Participa Sevilla. Foto: Participa Sevilla.
Este miércoles se ha presentado una denuncia contra los responsables de Salud de la Junta por no actuar ante un informe que instaba a cerrar las clínicas. La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha defendido sus actuaciones y ha asegurado que no llevó a cabo los cierres cautelares porque no había "pruebas objetivas".

La Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI), Marea Blanca de Sevilla y Podemos han presentada una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Sevilla contra responsables de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y administradores de iDental, clínica dental que ha cerrado dejando sin atención a miles de clientes.

La denuncia incide en la responsabilidad de los denunciados por delitos de omisión del deber de impedir o de promover la persecución de delitos contra la salud pública y de estafa, toda vez que se ha conocido un informe de la Inspección Provincial de Servicios de fecha de diciembre de 2017 que instaba al cierre cautelar de las dos clínicas de la compañía en Sevilla, una recomendación que también se dio con anterioridad en mayo del mismo año.

La denuncia interpuesta va dirigida contra el delegado territorial en Sevilla de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el secretario general de la Delegación, el director de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios y el subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería, y contra los administradores de las clínicas iDental en Sevilla. Se ha presentado adjuntando un informe de 4 diciembre de 2017 de la Inspección Provincial, recibido por el secretario de organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, de forma anónima.

En dicho informe se observa cómo “al menos desde el 27 de marzo de 2017” la Delegación Territorial y la Inspección Provincial “tienen conocimiento”, a través del Colegio de Dentistas, de un “incremento desmesurado de quejas y reclamaciones en el funcionamiento de dos clínicas dentales de iDental en Sevilla, que está ocasionando graves perjuicios y lesiones a los pacientes”. El Colegio, según la denuncia presentada, rogaba ya entonces a la Delegación tomar medidas para acabar con esta situación, sin obtener respuestas.

Recomendación de cierre temporal

Posteriormente y tras el estudio de las quejas, el 8 de mayo del citado año, un inspector médico recomendaba a la Delegación “adoptar urgentemente medidas cautelares”, entre ellas, incoar un expediente sancionador y resolver “de inmediato” el cierre temporal del establecimiento, y en paralelo realizar una inspección conjunta consumo-salud bucodental para comprobar la adecuación a la normativa vigente de estas dos clínicas.

“Sin embargo, con fecha de 11 de mayo, en una reunión interservicios en la Secretaría General de la Delegación, se decide no adoptar medidas cautelares ante un evidente problema de salud pública y seguir investigando, mostrando su disconformidad el funcionario firmante del informe”, señala la denuncia de Podemos, Marea Blanca y los afectados.

Ya en el informe de 4 de diciembre se recoge, como conclusiones, que la organización y funcionamiento de las clínicas están dirigidas a obtener el “máximo beneficio aún a costa de la salud de los pacientes”, y se observan “indicios y evidencias de mala praxis tales como secuelas de salud por las complicaciones del tratamiento recibido, ocasionando una pérdida de audición permanente, daños irreparables para la salud oral, pérdida injustificada de piezas dentales, imprudencia profesional, infracción de lex artis, engaño al paciente o fracaso precoz del tratamiento con implantes realizados”.

Asimismo, este informe recomienda algunas medidas, como ya hicieron anteriormente y que fueron rechazadas. “La más urgente, el cierre provisional de los locales para evitar que se sigan produciendo infracciones administrativas y penales y salvaguardar la salud de los pacientes”, resalta la denuncia. Además, el inspector médico, según la denuncia, alerta de que se pueden estar produciendo delitos contemplados en el Código Penal, al estimar “la imprudencia profesional reiterada y continuadas con resultado de lesiones que menoscaban la integridad corporal y la salud física”.

De otro lado, en la denuncia señalan que, a pesar de la gravedad de las lesiones y del número de pacientes afectados de gravedad, la Delegación Territorial “no puso en conocimiento de la Fiscalía o de los juzgados dichos hechos, provocando sin duda por dicha omisión que por parte de iDental se siguieran produciendo víctimas desde marzo de 2017 hasta febrero de 2018“.

A juicio de los denunciantes, “se podría haber evitado mucho sufrimiento a familias durante este tiempo”. Señalan que el hecho de incoar un expediente sancionador no sólo no era incompatible con haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía o de los juzgados, “sino que su omisión podría estar tipificada penalmente como un delito de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución” por parte de las autoridades públicas sanitarias.

Ante la sede de la Audiencia Provincial de Sevilla, Nacho Molina, en declaraciones a los medios, ha resaltado que el informe del inspector médico revela hechos “muy graves” que consideran “conveniente y necesario” ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, sobre todo por el “caso omiso” que le hizo la Junta de Andalucía. Por su parte, Benito Lupiáñez, ha llamado a todos los afectados a una concentración que tendrá lugar el próximo 18 de julio en Madrid frente al Ministerio de Sanidad.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla defiende sus actuaciones

Por su parte, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta ha informado de los paso dados. Primero ha señalado que en mayo de 2017, la Inspección de Servicios Sanitarios de esta Delegación encargó actuaciones inspectoras a iDental en Sevilla ante diferentes denuncias remitidas.

El informe preliminar que se realizó recomendó medidas cautelares de cierre, recomendación que no se ejecutó al determinarse por parte de los responsables de la Inspección Sanitaria que “no había pruebas objetivas” y al no haberse realizado otras actividades inspectoras necesarias.

Según la Delegación, llevar a cabo el cierre cautelar de los centros sin las suficientes pruebas y únicamente con el análisis en papel de las denuncias, “podría haber ocasionado perjuicios a los cientos de personas con tratamientos iniciados en dichas clínicas y que no habían denunciado al centro por la atención sanitaria recibida”.

La Delegación señala que en el transcurso de la investigación, la dirección de la clínica no aportó algunas de las informaciones requeridas, por ello se remitieron actuaciones a la Sección de Procedimiento de la Delegación para la apertura de un expediente sancionador.

Según la Delegación se analizaron 59 denuncias de 55 pacientes, constatándose  incumplimientos de la normativa sanitaria y del artículo 16.2 del Reglamento de Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta, por ello se propuso en el mes de febrero de este año la apertura de expediente sancionador y la remisión de las actuaciones a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla. Al respecto, la Fiscalía ha comunicado que remitió la información al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que tiene abierto un procedimiento judicial contra esta clínica por delito de estafa.

La Delegación y su Inspección Sanitaria defienden las medidas acometidas, que aseguran se ciñen a la normativa vigente en tiempo y forma y dentro de sus competencias. “De hecho, el expediente sancionador abierto y la remisión a la Fiscalía de las irregularidades detectadas en el mes de febrero, antes de que se produjera el cierre de las clínicas en España, así lo demuestran”, ha apuntado.

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